Fue Alejandro Armenta Mier como gobernador de Puebla, quien enterró el despojo morenovallista de la tarea fiscalizadora del Congreso de Puebla del 2012, con la Ley de Presupuesto y Gasto Público responsable, aprobada por el legislativo el 20 de noviembre del 2025.
La abrogación de la Ley morenovallista se ejecutó mediante reformas posteriores orientadas a limitar las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo y armonizar la legislación poblana con normativas federales de transparencia
Este nuevo ordenamiento jurídico reestructuró las facultades fiscales en la entidad para obligar a una mayor rendición de cuentas en la planeación y el monitoreo del gasto estatal.
El Congreso aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, que tiene como finalidad normar y regular las acciones de la programación presupuestal, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal, así como los procedimientos de coordinación para el registro de información de estas materias.
Ya en 2016, en el ámbito federal, la Ley morenovallista que despojó al Congreso de su facultad de fiscalización de sus cuentas había generado escozor.
En ese año, se impulsó la llamada Ley de Disciplina Financiera que se colocó por encima de las entidades y municipios para la fiscalización y transparencia de sus cuentas, sin incurrir en el endeudamiento impune.
Adempas, se impidió de forma tajante que los estados realicen ampliaciones presupuestarias, reasignaciones masivas de recursos o contrataciones de deuda oculta de manera unilateral y sin supervisión técnica.
La legislación actual de Puebla y las normativas aplicadas en la conformación del presupuesto estatal devuelven al Congreso del Estado un rol activo de contrapeso. Actualmente, cualquier modificación sustancial a las partidas presupuestales de libre disposición o el movimiento de fondos debe pasar por un proceso de revisión y dictaminación en la Comisión de Presupuesto y Crédito Público antes de su ejecución, eliminando el esquema de modificaciones directas y unilaterales por parte de la Secretaría de Finanzas.
Y en el ámbito estatal, 13 años después de la Ley morenovallista, Armenta el martilló el último clavo al ataúd al andamiaje jurídico que permitió un modelo de negocio basado en el moche y la corrupción.
clh