Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.– Luego de varios días de movilizaciones que incluyeron la toma de la presidencia municipal de Tlacotepec de Benito Juárez y bloqueos sobre la carretera Tehuacán-Orizaba, habitantes de la comunidad indígena de Santa María La Alta lograron acuerdos con autoridades estatales y federales que les permitirán administrar directamente los recursos públicos que les corresponden.
Como parte de los compromisos alcanzados durante las mesas de diálogo, será la Asamblea General de Santa María La Alta la instancia encargada de decidir el destino de los recursos, con el propósito de que las obras y acciones respondan a las principales necesidades de la población.
Asimismo, se estableció que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como la Auditoría Superior del Estado, serán las dependencias responsables de supervisar el manejo, aplicación y comprobación de los recursos, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
En las negociaciones participaron representantes del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, encabezados por el subdirector jurídico David Archundia López, además de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Gobernación del estado, quienes fungieron como mediadores para concretar los acuerdos que permitieron poner fin al conflicto.
La inconformidad de los habitantes inició el pasado lunes, cuando decidieron tomar las instalaciones de la presidencia municipal para exigir que se reconociera su derecho a ejercer directamente los recursos destinados a su comunidad.
Como medida de presión, también realizaron bloqueos en dos ocasiones sobre la carretera Tehuacán-Orizaba, a la altura del paraje conocido como La Virgen, afectando la circulación vehicular hasta que se instaló una mesa de diálogo con las autoridades competentes.
Otro de los puntos que formó parte de las demandas fue la actualización del número de habitantes de Santa María La Alta. Los pobladores señalaron que el Ayuntamiento reportó únicamente mil 22 habitantes, cuando aseguran que la comunidad cuenta con una población de 7 mil 812 personas, situación que, afirmaron, ha impactado en la cantidad de recursos federales que reciben.
De acuerdo con los acuerdos alcanzados, este planteamiento también será revisado por las instancias correspondientes para determinar si existe alguna inconsistencia en el registro poblacional y, en su caso, realizar las acciones necesarias.
Tras la firma de los compromisos, los habitantes liberaron la presidencia municipal y retiraron los bloqueos carreteros, con lo que concluyó el conflicto
Foto: Especial
cdch