La administración pública federal reportó la imposición de sanciones a 39 personas servidoras públicas por diversas faltas administrativas, tanto graves como no graves, tras investigaciones realizadas por distintas instancias de control interno y órganos especializados. Las medidas incluyen desde inhabilitaciones temporales, suspensiones, hasta amonestaciones públicas y sanciones económicas que, en conjunto, superan los mil millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las resoluciones se emitieron con base en la Constitución mexicana y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este marco legal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el encargado de resolver los casos relacionados con faltas graves, mientras que la propia Secretaría atiende las infracciones consideradas no graves dentro del servicio público.
Uno de los expedientes más significativos se registró en la Comisión Federal de Electricidad, donde exfuncionarios fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años. Además, se impuso una sanción económica solidaria que rebasa los mil 192 millones de pesos. Las investigaciones apuntan a la adquisición e instalación de equipos que habrían sido innecesarios para la operación del sistema eléctrico en 2017, lo que derivó en un proceso administrativo de alto impacto por el monto involucrado.
En el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social también registró sanciones contra exservidores públicos señalados por presuntos beneficios económicos indebidos, relacionados con servicios de mensajería y la exigencia irregular de recursos. Las sanciones incluyeron inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, además de medidas administrativas complementarias.
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En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública informó sobre la inhabilitación de un servidor público adscrito al Tecnológico Nacional de México en Culiacán, tras detectarse presuntos pagos dobles derivados de una plaza y honorarios simultáneos. El caso derivó en una sanción económica y una inhabilitación de hasta 10 años.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sancionó a un exfuncionario por depósitos injustificados a cuentas personales y la falta de devolución de un vehículo oficial. La resolución incluyó una inhabilitación por varios años y una multa económica de varios millones de pesos.
En el sector financiero, el Banco del Bienestar reportó sanciones contra personal involucrado en operaciones irregulares, como conciliaciones con información alterada y retiros sin autorización de los titulares de cuentas. Estos casos encendieron alertas sobre los mecanismos internos de control en instituciones bancarias públicas.
El Servicio de Administración Tributaria también fue mencionado en el informe, debido a sanciones derivadas de irregularidades en auditorías fiscales, accesos no autorizados a cuentas de contribuyentes y procedimientos administrativos realizados sin apego a la normatividad presupuestal.
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En el rubro de faltas no graves, la dependencia señaló que, mediante órganos internos de control, se aplicaron sanciones en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Cultura, la Procuraduría Agraria, la Guardia Nacional, el Tren Maya, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Financiera para el Bienestar, la Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Las sanciones van desde suspensiones breves hasta amonestaciones públicas por incumplimientos administrativos, negligencia o uso inadecuado de recursos institucionales.
Entre los casos más llamativos de este grupo destaca la suspensión de elementos de la Guardia Nacional que habrían presentado documentación académica no válida durante procesos de evaluación para portar armas de cargo oficial.
La Secretaría Anticorrupción subrayó que todas las personas sancionadas cuentan con la posibilidad de impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes. No obstante, la dependencia sostuvo que las determinaciones se encuentran respaldadas por evidencia y seguirán su curso legal conforme a derecho.
Finalmente, la autoridad federal reiteró que estos procedimientos forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la rendición de cuentas dentro del servicio público. También se invitó a la ciudadanía a presentar denuncias sobre posibles irregularidades a través de plataformas oficiales, con el objetivo de ampliar los mecanismos de vigilancia y control sobre el uso de recursos públicos.