Ciudad de México.— Organismos públicos de derechos humanos de las ciudades mexicanas que serán sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llamaron al Estado mexicano a colocar la protección de los derechos humanos como eje de todas las decisiones vinculadas con la organización del torneo.
A unos días del inicio de la justa mundialista, las comisiones de derechos humanos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que el evento, más allá de su dimensión deportiva, tendrá efectos directos en la vida cotidiana de millones de personas.
Los organismos señalaron que el Mundial impactará en la forma en que habitantes y visitantes transitan y ocupan las ciudades sede, debido a la transformación del espacio público, los operativos de seguridad, los cambios en movilidad, el aumento de la actividad turística y los procesos económicos asociados al torneo.
También recordaron que experiencias previas en otros eventos deportivos han mostrado que, si no se anticipan sus efectos, pueden agravar desigualdades estructurales. Entre los riesgos se mencionan el desplazamiento de comunidades, la reconfiguración urbana que afecta el espacio público, las restricciones a la libertad civil, la criminalización de la pobreza, la violencia, la explotación laboral, el trato de personas, los daños ambientales y la exclusión de poblaciones históricamente discriminadas.
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Las comisiones advirtieron que en otros países sede se han documentado políticas y acciones con impactos desproporcionados sobre ciertos grupos, bajo argumentos de seguridad, orden urbano o imagen pública. Por ello, urgieron a los gobiernos locales a actuar de forma articulada, preventiva y territorial para que el desarrollo del Mundial se realice con respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Como parte de esta postura, los organismos anunciaron una agenda coordinada de observación, monitoreo, intercambio de información, acompañamiento territorial y diálogo interinstitucional para identificar riesgos de manera oportuna y generar respuestas centradas en las personas.
Las comisiones reconocieron que el Mundial también puede representar una oportunidad para fortalecer los vínculos comunitarios, promover el derecho al deporte e impulsar un uso equitativo e incluyente del espacio público, especialmente para personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.
En su llamado, pidieron a los tres niveles de gobierno reforzar mecanismos permanentes de coordinación con organismos públicos de derechos humanos y sociedad civil. Además, plantearon que las estrategias de seguridad, movilidad y ordenamiento territorial se desarrollarán bajo principios de legalidad, proporcionalidad, inclusión y no discriminación.
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Los organismos también solicitaron promover el acceso incluyendo al espacio público y establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas que permitan prevenir y atender posibles afectaciones a derechos humanos durante el evento.
Para las comisiones de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, el legado del Mundial 2026 no debe medirse únicamente en términos económicos, turísticos o de infraestructura. Señalaron que su trascendencia dependerá de la capacidad institucional y colectiva para construir ciudades incluyendo políticas públicas humanas y espacios de convivencia donde el desarrollo avance junto con los derechos humanos.
Finalmente, los organismos se comprometieron a observar, acompañar e impulsar acciones coordinadas para contribuir a que el Mundial se lleve a cabo con pleno respeto a la dignidad y los derechos de las personas.
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