¿Se acuerdan cómo AMLO hablaba hasta el cansancio de los delitos de cuello blanco? Pues hoy callan como momias con los delitos de cuello guinda.
Carajillo bien shakeado sin hielo
Mientras se llenan la boca hablando de que combaten la corrupción, siguen saliendo a la luz cada vez más negocios que relacionan a Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y hoy coordinador de los senadores guindas, con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, quien se encuentra actualmente recluido en el penal de alta seguridad de El Altiplano.
Uno de esos tantos negocios, que había sido un secreto a voces, y que ahora se ha convertido en una papa caliente para el gobierno por sus implicaciones, es el relacionado con la extorsión a los casineros.
Cuatroteros, eviten el aguacate
Tal cual lo di a conocer en este mismo espacio, fue el propio Adán Augusto quien en su momento reactivó los permisos de los casinos del hermano de Bermúdez Requena con la condición de ser socio en ellos. Aunque finalmente el permiso fue otorgado por la entonces secretaria de Gobernación y hoy flamante presidente de Morena, Luisa Alcalde, fue López Hernández quien operó todo.
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Fuerte doble
Pero eso no es lo peor, aunque la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela, informó en un comunicado en julio pasado la suspensión de actividades de las empresas vinculadas a familiares de Bermúdez Requena, hoy los casinos de La Barredora siguen operando con toda normalidad.
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Dicho sea de paso, fue un comunicado enviado en conjunto por esta dependencia y la SHCP. ¡Imagínense si no hacen caso ni a lo que dicen estas dos dependencias, lo que nos espera a nosotros los ciudadanos!
Para colmo, el miércoles durante la mañanera, la presidenta hizo gala del sello de la casa una vez más: el doble rasero.
Anunció de la clausura de 13 casinos (físicos y virtuales) por operaciones presuntamente irregulares, flujos millonarios en efectivo y transferencias internacionales injustificadas a paraísos financieros. ¡Hasta aquí, todo bien!
Fuerte a pico de botella
Este es sólo uno más de los múltiples ejemplos donde vemos al gobierno contradiciéndose en los hechos por proteger a los de casa, a los delincuentes de cuello guinda.
Nueve de los casinos de La Barredora operan actualmente con la permisionaria Cía. Operadora Megasport, bajo la marca comercial Royalty en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Sonora, Tabasco y Veracruz.
Todos y cada uno de ellos, como ya lo leyó, siguen operando hoy con total normalidad, y con total impunidad, también.
Entrando en materia.
Les puedo confirmar por el testimonio de un casinero que existía todo un esquema de extorsión montado desde Bucareli a los propietarios de estos establecimientos dedicados a los juegos de azar y apuestas.
Sí, afirman que funcionarios de Segob con A.A. exigían a los dueños de los casinos una cuota de entre 500 y 1,000 pesos mensuales por cada máquina de juego instalada, y una cuota de 2,000 pesos por cada mesa de juego (como ruleta y cartas).
Hablando en palabras guindas, las autoridades cobraban “derecho de piso” a los empresarios. Tal y como lo hace el crimen organizado, sólo que en lugar de “plata o plomo”, aquí era “plata o clausura”. O pagas, o te clausuramos. ¡Así, por las buenas!
Calculadora
Si consideramos que hay cerca de 100,000 máquinas tragamonedas operando legalmente en nuestro país, estamos hablando de una cantidad astronómica de dinero negro que se movía con el VoBo del “hermano” del expresidente López Obrador.
Manejando el dato más conservador de 500 pesos por máquina y pensando que la extorsión duró cerca de 18 meses, tiempo que estuvo Manuel Marcué Díaz en la Dirección General de Juegos y Sorteos, estamos hablando de aproximadamente 1,000 millones de pesos. ¡Esto sólo de las máquinas!
Habría que sumarle lo de las mesas. Si consideramos que hay cerca de 400 casinos en todo el país y que aproximadamente la mitad de ellos tienen, en promedio, seis mesas de juego, entonces ahí tenemos otros 400 millones de pesos adicionales en el mismo periodo. ¡Quihúboles!
Cifra difícil de dimensionar, pero que a decir de los propios empresarios que fueron víctimas de la extorsión, se trata de una cifra conservadora. ¡1,400 millones de pesos, bajita la mano!
¿A dónde fue a parar todo el dinero? ¿Qué dice la UIF de todo esto? Porque me imagino que 1,400 millones de pesos deberían dejar algún rastro por algún lado, ¿a poco no?
De este tamaño era el negocio de López Hernández con los casinos cuando era el segundo hombre más poderoso del país.
De este tamaño era la “caja chica” de Adán Augusto, bueno, no tan chica por lo que vemos.
De este tamaño es la incongruencia de la ‘4T’. Ya vimos que a los delincuentes de cuello guinda impunidad total, y a los enemigos… la UIF a secas.
Por no dejar,
Ya que van a informar en qué sexenio se entregaron los permisos a los 13 casinos clausurados, estaría bien que de una vez también nos dijeran cuántos permisos ha entregado el gobierno desde 2018.
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Columna Sobremesa de Lourdes Mendoza en El Financiero
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clh