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Nación

La honestidad que pide cita previa

Cuando el silencio deja de ser una excepción para convertirse en política de Estado, la honestidad ya no necesita adversarios que la desacrediten

enrique inzunza
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“La corrupción no consiste solamente en hacer dinero; consiste también en hacer imposible exigir responsabilidades”.

Hannah Arendt

“Lo difícil no es mentir; lo difícil es recordar todas las mentiras”.

Louis de Bonald

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La llamada honestidad valiente ya ni siquiera intenta convencer. Aprendió algo mucho más útil para quien gobierna: dejar de contestar. Antes construía relatos; ahora administra silencios. Y cuando un gobierno descubre que puede sobrevivir sin explicar nada, la propaganda deja de ser un instrumento de comunicación para convertirse en un mecanismo de supervivencia política. La honestidad dejó de ser un principio; pasó a ser un recurso retórico que aparece solo cuando conviene y desaparece cuando incomoda.

Durante cincuenta y siete días un senador simplemente desapareció de sus responsabilidades legislativas. No pidió licencia. No renunció. No dejó de cobrar. Solo dejó de trabajar. Casi dos meses después reapareció, pero no para dar la cara frente a sus representados o ante la opinión pública, sino mediante una conexión virtual, como si ausentarse del Senado fuera un detalle administrativo sin mayor trascendencia.

No hablamos de cualquier legislador. Se trata del senador morenista Enrique Inzunza, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala, en una acusación formal presentada ante una corte federal, de haber conspirado con Los Chapitos para brindar protección política y gubernamental al Cártel de Sinaloa a cambio de favores que permitieran mantener en el poder al grupo gobernante sinaloense.

No es una filtración. No es un rumor de redes sociales. Es una imputación judicial que, por sí sola, exigiría explicaciones políticas inmediatas en cualquier democracia que todavía entendiera el valor de la confianza y de la responsabilidad pública.

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Lo verdaderamente extraordinario no fue su reaparición. Fue comprobar que durante casi dos meses nadie dentro de Morena pareció encontrar problemático que un senador señalado por la justicia estadounidense desapareciera de sus funciones sin explicación alguna mientras continuaba cobrando recursos públicos. El escándalo dejó de ser únicamente la acusación. Pasó a ser la absoluta normalidad con la que se administra el silencio.

La realidad resulta suficientemente demoledora; con ella debería bastar.

Su única intervención fue en la Comisión de Justicia, donde habló —la ironía parece escrita por un novelista particularmente inspirado— sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de conciliación y mediación. Conciliación. Mediación. Palabras curiosas cuando sobre él pesa una acusación que lo vincula precisamente con negociaciones bastante menos institucionales.

Inzunza aseguró que honrará su cargo “con compromiso y decoro” y que no permitirá que su situación convierta al Senado en un espectáculo…

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Les tengo una noticia: Llega tarde. El espectáculo comenzó desde el momento en que decidió conservar el fuero mientras otros personajes mencionados en investigaciones similares optaron por separarse de sus cargos o iniciar colaboración con las autoridades estadounidenses. Él eligió permanecer cómodamente sentado en su escaño.

Ha llegado el momento de dejar de discutir únicamente la presunción de inocencia para hablar también de la responsabilidad política frente a la República. Una democracia madura entiende que existen cargos cuya legitimidad depende no solo de una sentencia judicial, sino de la credibilidad pública. Y cuando ésta se evapora, la permanencia en el cargo deja de ser un derecho para convertirse en un problema institucional.

Lo inquietante no es que un gobierno acumule contradicciones. Todos los gobiernos las tienen. Lo inquietante es que haya decidido que ya no necesita explicarlas. Cuando el poder descubre que basta con cambiar de tema, acusar una conspiración, culpar al pasado o invocar la soberanía para esquivar cualquier cuestionamiento, deja de existir el debate público. Solo permanece el relato.

Y entonces las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Por qué reservar durante cinco años la información relacionada con el caso Chihuahua después de haber exigido durante meses que la CIA la transparentara? ¿Por qué convertir en representante diplomático a Hugo López-Gatell cuando millones de mexicanos siguen asociando su nombre con una de las gestiones sanitarias más controvertidas de la historia reciente? ¿Por qué premiar con una embajada a Alejandro Gertz Manero cuando la autonomía de la Fiscalía continúa siendo objeto de severos cuestionamientos? ¿Por qué modificar ahora el trazado ferroviario del Tren del Istmo si el accidente fue atribuido exclusivamente al conductor? ¿Y por qué, mientras persisten el desabasto de medicamentos, hospitales inconclusos, un crecimiento económico insuficiente y servicios públicos deteriorados, desde Palacio Nacional se insiste todos los días en que el país marcha mejor que nunca?

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Son demasiadas preguntas. Y prácticamente ninguna respuesta.

Ese es, en realidad, el deterioro más profundo. No la corrupción, que lamentablemente acompaña a muchas administraciones. No los errores de gobierno, inevitables en cualquier ejercicio del poder. Lo verdaderamente corrosivo consiste en instalar la idea de que gobernar ya no implica rendir cuentas, sino administrar explicaciones selectivas: responder únicamente aquello que fortalece la narrativa oficial y guardar silencio frente a todo lo demás.

La honestidad valiente terminó convertida en una honestidad que pide cita previa. Atiende únicamente las preguntas cómodas. Las incómodas permanecen en la sala de espera hasta nuevo aviso.

Y cuando un gobierno deja de sentirse obligado a explicar sus propias contradicciones, deja de gobernar mediante argumentos y empieza a gobernar mediante consignas.

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La corrupción siempre ha hecho daño. Pero hay algo todavía más corrosivo: acostumbrar a un país a que nadie tenga obligación de responder. Porque cuando el silencio deja de ser una excepción para convertirse en política de Estado, la honestidad ya no necesita adversarios que la desacrediten. Se vacía sola. Muere lentamente bajo el peso de todas las preguntas que decidió no contestar.

Giros de la Perinola

• Resulta revelador que desde el oficialismo se exija transparencia para los demás mientras se normaliza reservar información incómoda durante años o esconderla bajo el sello de “seguridad nacional”. La transparencia dejó de ser un principio de gobierno para convertirse en un instrumento de uso selectivo: se invoca cuando fortalece el discurso oficial y se archiva cuando amenaza con desmentirlo.

• Y otra pequeña joya de la ingeniería narrativa oficial: cada vez que un escándalo estalla, aparece un responsable sustituto. El conductor. El técnico. El funcionario menor. El adversario. Nunca quien tomó las decisiones. En la Cuarta Transformación la culpa siempre encuentra asiento en clase turista; la responsabilidad política, en cambio, viaja invariablemente en primera clase.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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