Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones en materia de remuneraciones en el sector público, este sábado 11 de abril comenzó un ajuste legal que impacta directamente en el esquema de pensiones de exfuncionarios y trabajadores de confianza en distintas empresas y organismos del Estado.
La medida forma parte de una reforma publicada el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) Diario Oficial de la Federación, tras haber sido aprobada previamente en el Congreso de la Unión Congreso de la Unión. El documento establece que las modificaciones entran en vigor de manera inmediata al día siguiente de su publicación.
El ajuste legal se deriva de cambios al artículo 127 de la Constitución, donde se establece un tope salarial para servidores públicos, al señalar que ningún funcionario puede percibir un ingreso mayor al equivalente de la mitad del salario del titular del Poder Ejecutivo federal, salvo excepciones específicas relacionadas con funciones técnicas o múltiples empleos públicos. Este criterio también se extiende ahora al sistema de pensiones.
Las nuevas disposiciones aplican a trabajadores activos y jubilados de organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Comisión Federal de Electricidad, así como otras entidades como Luz y Fuerza del Centro, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos.
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De acuerdo con el marco establecido, el objetivo principal es homologar criterios en materia de ingresos dentro del servicio público, particularmente en lo referente a pensiones consideradas por encima de los parámetros actuales del sistema gubernamental.
Actualmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo Claudia Sheinbaum, tiene un salario mensual de aproximadamente 134 mil 290 pesos, por lo que el nuevo límite para percepciones de servidores públicos se ubicaría en alrededor de 67 mil pesos mensuales.
El decreto establece que los cambios deberán aplicarse de forma inmediata, por lo que las instituciones involucradas están obligadas a revisar contratos, esquemas de pensiones y condiciones administrativas para ajustarse a la nueva normatividad.
No obstante, también se aclara que las pensiones ya otorgadas no serán modificadas de manera retroactiva, por lo que los montos previamente reconocidos se mantendrán bajo las condiciones originales en las que fueron aprobados.
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Antes de su entrada en vigor, la reforma fue declarada constitucional por el Senado de la República Senado de la República, después de que más de 20 congresos estatales validaran la modificación, cumpliendo así con el proceso legislativo requerido.
Con este cambio, se abre una etapa de revisión interna en las dependencias públicas, donde se deberán realizar ajustes administrativos para garantizar el cumplimiento del nuevo límite salarial y de pensiones dentro del servicio público.
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