Uruapan, Mich. – Durante la audiencia inicial por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo , se reveló que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció una recompensa de dos millones de pesos por ejecutar al político, incluso si se encontraba acompañado de su hijo.
La declaración fue realizada por Jorge Armando “El Licenciado” , señalado como autor intelectual del crimen , quien admitió haber planeado el ataque y coordinado a los sicarios mediante un grupo de WhatsApp . En ese chat, conformado por al menos nueve integrantes , se compartían ubicaciones y órdenes directas del grupo criminal.
Entre los mensajes presentados por la Fiscalía como evidencia, destaca uno donde se ordena:
“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso.”
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Otro de los participantes escribió:
“Ya estamos listos para romperle a su madre, como quiere el patrón”.
Las pruebas incluyen capturas de pantalla y conversaciones en las que se detalla que un allegado a Manzo, infiltrado en el grupo, fue quien informó a los sicarios sobre su desfile el pasado 1 de noviembre , cuando asistió al Festival de las Velas en la plaza Morelos de Uruapan.
Durante la audiencia celebrada el 22 de noviembre , el juez dictó prisión preventiva para “El Licenciado” y las siete escoltas del exalcalde, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. La continuación de la audiencia de vinculación a proceso se programó para el miércoles 26 de noviembre .
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La Fiscalía también presentó evidencia que involucra a Demetrio , director de la Policía Municipal de Uruapan , quien se encontró en la escena del crimen. Según testigos, después de que el joven Víctor Manuel , de 17 años, disparó seis veces contra Manzo, las escoltas del exalcalde lo sometieron. Acto seguido, el mando policial habría tomado el arma del agresor y le disparó , causándole la muerte.
Un paramédico relató que los guardias de Manzo impidieron brindar los primeros auxilios al menor atacante, pese a que aún presentaba signos vitales.
El caso, que ha conmocionado a Michoacán, exhibe la profunda infiltración del crimen organizado en la política local y la forma en que los cárteles operan incluso en espacios públicos y familiares.