Más de tres meses después de que residuos de hidrocarburos comenzaran a aparecer en playas y ecosistemas costeros del Golfo de México, organizaciones ambientales continúan exigiendo explicaciones sobre las causas del incidente y la forma en que fue atendido por las autoridades y la industria petrolera. El caso ha generado preocupación por los posibles daños ambientales, así como por la información que presuntamente no fue dada a conocer durante las primeras semanas de la contingencia.
En este contexto, Greenpeace México promovió una serie de acciones legales para que se investigue el derrame registrado a principios de febrero y se determinen posibles responsabilidades de servidores públicos relacionados con la atención de la emergencia. Las denuncias fueron presentadas ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La organización ambientalista sostiene que es necesario esclarecer tanto el origen del derrame como las decisiones tomadas durante su manejo. Entre los aspectos que solicita revisar se encuentran posibles omisiones en la operación de infraestructura petrolera, la respuesta institucional frente a la contaminación y la difusión de información hacia la población afectada.
De acuerdo con reportes elaborados por colectivos ciudadanos y habitantes de la región, la presencia de hidrocarburos alcanzó más de mil 100 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas. Las primeras evidencias de contaminación comenzaron a registrarse durante marzo en zonas costeras de Tabasco y Veracruz, extendiéndose posteriormente hacia otras áreas del Golfo.
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Las afectaciones habrían impactado ecosistemas considerados estratégicos para la biodiversidad marina, incluyendo manglares, humedales y áreas arrecifales. Expertos han advertido que este tipo de contaminación puede provocar daños prolongados en especies de flora y fauna, además de afectar actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo.
Como parte de sus denuncias, Greenpeace pidió a las autoridades federales realizar investigaciones que permitan identificar a los responsables de la contaminación, garantizar la recuperación de las zonas afectadas y transparentar toda la información relacionada con el incidente. También solicitó que se establezcan mecanismos de vigilancia y prevención para reducir el riesgo de nuevos eventos similares.
La organización también busca que se analice la actuación de funcionarios de Pemex durante el desarrollo de la contingencia. Entre los elementos considerados en la denuncia se encuentran declaraciones públicas realizadas por la empresa en las que se reconocieron problemas operativos relacionados con la infraestructura involucrada en el derrame y retrasos en algunas acciones de respuesta.
Asimismo, la agrupación señaló que comunidades ubicadas en distintas zonas costeras reportaron dificultades para acceder a información sobre los riesgos derivados de la exposición a hidrocarburos. Habitantes consultados por organizaciones civiles también expresaron inquietudes sobre la distribución de equipo de protección, los procedimientos de limpieza y el destino final de los residuos contaminados retirados de playas y cuerpos de agua.
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Otro de los temas planteados es la posible disparidad en la atención de las áreas afectadas. De acuerdo con testimonios recopilados por agrupaciones locales, algunas comunidades rurales habrían recibido apoyo de manera más tardía que otras zonas con mayor actividad turística o económica.
Además de las investigaciones y posibles sanciones administrativas, Greenpeace México pidió que las instituciones involucradas fortalezcan los sistemas de alerta temprana para emergencias ambientales relacionadas con la industria de hidrocarburos. La organización considera que una respuesta rápida, acompañada de información clara y accesible para la población, resulta fundamental para reducir impactos ambientales y sociales.
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