El uso de transporte de lujo en México, como yates, aviones privados y automóviles de alta gama, podría representar una oportunidad de recaudación fiscal considerable si se aplicaran esquemas impositivos más estrictos y se cobrara un uso más justo de la infraestructura pública, de acuerdo con un informe de la organización civil Oxfam México.
El estudio, titulado “Que el lujo pague su boleto: Impuestos al transporte VIP”, plantea que este tipo de movilidad, accesible únicamente para un sector reducido de la población, no sólo tiene implicaciones económicas, sino también ambientales y sociales. Según la organización, una mejor regulación de estos bienes podría generar ingresos adicionales para el Estado que irían desde 30 mil hasta más de 234 mil millones de pesos anuales.
De acuerdo con el análisis, el transporte de lujo contribuye de manera desproporcionada a las emisiones contaminantes, mientras que los efectos del cambio climático recaen con mayor fuerza en los sectores más vulnerables. El informe señala que la crisis climática también es una crisis de desigualdad, ya que los grupos con mayores ingresos tienen una mayor huella ambiental debido a sus patrones de consumo, inversión y movilidad.
En contraste, las poblaciones con menos recursos enfrentan las consecuencias más severas del deterioro ambiental, como olas de calor, sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos, sin contar con las mismas herramientas de adaptación.
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El documento también detalla el tamaño del mercado de lujo en México. En el caso de los aviones privados, se estima un parque de alrededor de 1,841 unidades, con un valor promedio cercano a los 35 millones de pesos por aeronave. Para los yates, se calcula un universo de aproximadamente 1,796 embarcaciones, con un costo promedio de 24.3 millones de pesos cada una.
En cuanto a los automóviles de lujo, el reporte estima un parque vehicular de alrededor de 417,740 unidades, con un precio promedio cercano a los 900 mil pesos por vehículo. Estos datos, según la organización, reflejan un segmento reducido de la población que concentra un alto nivel de consumo de bienes de alto valor.
El estudio plantea que una parte de los ingresos potenciales podría destinarse a financiar políticas públicas relacionadas con la transición energética, la adaptación climática y la reducción de desigualdades, aunque subraya que actualmente existe una falta de mecanismos fiscales específicos para este tipo de bienes y servicios.
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